Se incluye a continuación el resultado de la encuesta realizada por Metroscopia por encargo del CGAE en relación a la opinión de los ciudadanos españoles sobre la Ley de Tasas y que fue presentado a la opinión pública por el presidente de la Abogacía Española, Carlos Carnicer, el pasado 30 de noviembre.

 

 

Informe de METROSCOPIA para el Consejo General de la Abogacía Española.

27 de noviembre de 2012.

FICHA TÉCNICA:

• UNIVERSO: individuos de 18 años en adelante residentes en la península, Baleares y Canarias.
• TAMAÑO DE LA MUESTRA: 1.000 entrevistas, distribuidas de manera proporcional al conjunto de la población nacional. Se han aplicado cuotas de sexo y edad a la unidad última (persona entrevistada).
• ERROR DE MUESTREO: para un nivel de confianza del 95,5% (que es el habitualmente adoptado) y asumiendo los principios del muestreo aleatorio simple, en la hipótesis más desfavorable de máxima indeterminación (p=q=50%), el error de muestreo corresponde a los datos referidos al total de la muestra es de +/- 3.2 puntos.
• MÉTODO DE RECOGIDA DE LA INFORMACIÓN: entrevista telefónica asistida por ordenador (CATI) mediante cuestionario estructurado y precodificado, con selección aleatoria de la persona entrevistada. La tarea ha sido realizada en los locales de Metroscopia por su propio equipo de investigadores telefónicos.
• TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN: llevada a cabo íntegramente por el personal especializado de Metroscopia.
• FECHA DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO: el día 26 de noviembre de 2012.

PRINCIPALES CONCLUSIONES.
La reacción ciudadana ante la Ley de Tasas Judiciales es tan clara como generalizada y rotunda.

1. La atención, y preocupación, públicas que esta ley ha despertado quedan reflejadas en el hecho de que el grado de respuesta es masivo en todas las preguntas planteadas: es este, sencillamente, un tema sobre el que prácticamente todo el mundo se siente concernido y en condición de opinar.
2. El 83% de los españoles piensa, de entrada, que no puede haber razones que justifiquen el pago previo de una tasa por acudir a la Justicia, y un porcentaje similar (79%) cree, en todo caso, que las tasas que establece la nueva Ley son excesivas. Y es destacable que las respuestas son igualmente masivas entre quienes han acudido o no alguna vez a un abogado o a un tribunal, así como entre los votantes de PP y PSOE (véanse Cuadros 1 y 2).
3. Dos de cada tres españoles (62%) afirman que no exageran quienes afirman que esta Ley de tasas Judiciales va dar lugar a una Justicia de ricos y otra de pobres, quedando entremedias la gran mayoría de la población, sobre la que recaerá en exclusiva el peso de estas nuevas tasas. Y lo piensa así incluso la clara mayoría (54% frente a 39%) de los propios votantes del partido gobernante que ha promovido la Ley (véase Cuadro 3).
4. De forma asimismo masiva, los españoles anticipan algunos efectos claramente negativos y especialmente preocupantes de la nueva Ley: vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (lo dice el 84%), menor sensación de protección judicial (lo indica el 83%) y más dificultades en la lucha contra la violencia machista (lo señala el 77%. Véase Cuadro 4, puntos 4, 2 y 1)).
5. Por otro lado, de forma ampliamente mayoritaria la ciudadanía se muestra en desacuerdo con dos de las alegaciones favorables a la nueva Ley que han podido escucharse: un 68% (frente a un 24%) no cree que esta Ley vaya a contribuir al mejor funcionamiento de la Justicia, y un 61% sí piensa en cambio que como consecuencia de la misma van a quedar desatendidas personas que puedan requerir la tutela judicial (véase Cuadro 4, puntos 5 y 6).
6. Con este estado general de opinión, no puede extrañar que de forma prácticamente unánime (90%) los españoles concluyan que el Ministerio de Justicia debería haber buscado el acuerdo con todas las partes implicadas antes de promover la aprobación urgente y casi sin discusión de una norma contra la que se ha manifestado jueces, abogados y hasta el propio Consejo de Estado (véase Cuadro 4, punto 3).
7. Además, y en el supuesto de que uno de los fines de la nueva Ley pudiera ser recaudar fondos para financiar la Justicia Gratuita, el 84% de la ciudadanía considera que es el Estado quien tiene la obligación de financiarla con cargos a los Presupuestos Generales, y no los usuarios mediante el pago de tasas (véase Cuadro 5).