DEFENDEMOS el actual modelo de Justicia Gratuita, prestado por abogados independientes, organizado por los Colegios de Abogados ya que garantiza el acceso de los más desfavorecidos al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. Este modelo se ha mostrado eficaz y eficiente para canalizar, atender y resolver las demandas de millones de ciudadanos a un reducido coste que representa un mínimo porcentaje del presupuesto destinado a Justicia en España.
REIVINDICAMOS que la reforma de la asistencia jurídica gratuita se debe llevar a cabo previo diálogo y consenso entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los prestatarios del servicio, los Colegios de Abogados y Procuradores, con la finalidad de consolidar este modelo y dignificar la función que realizan los abogados que lo prestan, ya que ello repercutirá de manera directa en su calidad, todo ello en beneficio del ciudadano usuario del servicio.
REIVINDICAMOS que la futura reforma prevea una mejora en las condiciones en las que el abogado presta el servicio: garantice el cobro de los honorarios del letrado cuando lleve a efecto una actuación profesional; disponga la posibilidad de su renuncia cuando quiebre la confianza abogado-cliente; establezca unas cargas administrativas razonables; afronte la adecuación y actualización de los baremos conforme al IPC; disponga la formación y especialización de los profesionales con cargo a fondos públicos; y, finalmente, que exista colaboración y respeto por parte de las Instituciones.
APOYAMOS las legítimas reivindicaciones de los abogados que prestan este servicio público 24 horas al día, 365 días al año en cualquier lugar de España amparadas por los Colegios de Abogados, últimos responsables de la prestación del servicio. A pesar de la reducción de baremos, de su no revisión, en muchos casos desde hace una década, del retraso reiterado en los pagos por parte de la Administración o del impago de las actuaciones efectivamente prestadas, los Colegios de Abogados y los abogados del Turno de Oficio han garantizado y garantizan la prestación de un servicio que los ciudadanos califican de muy satisfactorio.
RECHAZAMOS cualquier intento de privatización del servicio de Justicia Gratuita y solicitamos que los poderes públicos asuman con responsabilidad su obligación de garantizar la efectividad de este derecho y pongan a disposición de este servicio los fondos públicos necesarios para preservar su funcionamiento y avalar su sostenibilidad económica.
La Justicia Gratuita es un servicio público que goza de respaldo constitucional, garantiza el acceso a la defensa y a la tutela judicial efectiva de las personas que carecen de recursos económicos y de los colectivos más desprotegidos y vulnerables. Gracias a los abogados y a los Colegios de Abogados funciona con eficiencia y eficacia contribuyendo a mantener la paz social en España. Valorarla, defenderla, mejorar su calidad y acercarla a los ciudadanos es un objetivo básico e irrenunciable de la Abogacía.