Turno de Oficio
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El Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados, en el ejercicio de su función legítima y democrática de representación, defensa de los derechos de los abogados y de la dignidad de la profesión, vienen denunciando que la actual retribución del Turno de Oficio –en determinadas comunidades autónomas y, sobre, todo en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia- supone una falta de reconocimiento tanto a la labor de los profesionales de la Abogacía como del servicio público de Justicia Gratuita reconocido en la Constitución.

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[ Por Santiago Alfonso Guzmán Marín, colegiado 2.308 ]

En un artículo anterior en este Foro Manchego analizamos, a la luz del último Congreso de la Abogacía de Castilla-La Mancha, el ejercicio del derecho de defensa respecto de aquellas personas que están privadas de libertad. En dicho artículo se hacía especial hincapié en la importancia de las Directivas de la Unión Europea 13/2012 y la 48/2013 en relación al derecho a la información y el derecho a la asistencia letrada en los procesos penales. Ya apuntábamos en dicho artículo la necesidad de una modificación del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que determinara lo antes posible, la entrevista reservada previa en sede policial con el detenido como parte del derecho de asistencia letrada, así como la remisión de los documentos que permitan valorar la legalidad de la detención, según se establece en las Directivas comunitarias.

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[ Por Santiago Alfonso Guzmán Marín, colegiado 2.308 ]

Turno de oficio


En el último Congreso de la Abogacía de Castilla La Mancha, se abordó en una ponencia un interesante tema, que es de aplicación en la práctica diaria del quehacer del abogado de oficio, en relación con el ejercicio del derecho de defensa respecto de aquellas personas que están privadas de libertad. Indudablemente, esta actividad forma parte del día a día de los abogados adscritos al turno de oficio penal, y añado, que en una sociedad como la nuestra, supone el ejercicio de derechos de la persona que en ese momento, con independencia de los hechos que le hayan llevado a ello, se encuentra en una situación de máxima vulnerabilidad, cuya defensa nos está encomendada, y cuyo ejercicio de sus derechos determina, según mi entender, que una sociedad pueda ser calificada como democrática, y un estado pueda ser calificado como de Derecho. Es el derecho de defensa de la persona, de toda persona, y muy especialmente de la que está privada de libertad, y el respeto a sus derechos constitucionales, lo que marca, a mi juicio, esta diferencia, más allá de otros debates sociales que se pierden en la vaciedad y en el juego político, siendo esta la verdadera vara de medir de una sociedad que se considere libre y de un Estado de Derecho.

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[Santiago Alfonso Guzmán Marín, colegiado 2.308.]


En la práctica diaria de los Abogados del turno de oficio, nos encontramos en numerosas ocasiones el supuesto de que, tras haber sido designados por turno de oficio para la defensa de un imputado o detenido, una vez realizadas las primeras actuaciones, esto es, la declaración en sede judicial o policial, la puesta a disposición judicial y su declaración, incluso la vista de medidas cautelares de prisión preventiva, etcétera, el detenido o imputado, a posteriori, realiza una designación de Abogado particular para la continuación del procedimiento penal, bien de la instrucción, o bien lo designa una vez terminada la instrucción, cuando se le notifica el auto de apertura de juicio oral.

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[por Santiago Alfonso Guzmán Marín, abogado.]

turno de oficioVamos en este artículo a intentar desarrollar la problemática que plantea la designación en turno de oficio para la defensa de los intereses de los usuarios de justicia gratuita en el procedimiento penal, en aquellos supuestos en los que el usuario no es imputado, sino que precisamente es parte acusadora.

En un primer momento, los Colegios de Abogados en general, dado que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 10 de enero de 1996 establece en el artículo 6.3 que el derecho de justicia gratuita comprende “defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando, no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado para garantizar la igualdad de partes en el proceso”, interpretaban que, si se trataba de delitos perseguibles de oficio, la intervención de la acusación particular no era preceptiva ni obligatoria, y dado que el solicitante estaba defendido en el proceso por los postulados del Ministerio público como garante de la legalidad, se entendía que no existía ninguno de los supuestos del artículo mencionado, por lo que se desestimaban las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para personarse como acusación particular.


Ahora bien, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2008 de 21 de enero el panorama ha cambiado notablemente. El Tribunal Constitucional vino a declarar la inconstitucionalidad de tal práctica, con el argumento general de que si bien el perjudicado puede personarse o no en el procedimiento, si lo hace es preceptivo que lo haga defendido por Abogado y representado por Procurador. Por ello, y dado que existe un derecho de acceso a la jurisdicción penal reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, existe un derecho a ser parte en el proceso penal que forma parte de la tutela judicial efectiva, y si para ello es imprescindible hacerlo con Abogado y Procurador, dicha intervención deviene preceptiva, debiéndose interpretar que el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no excluye dichos supuestos, por lo que si el justiciable acredita no tener medios para litigar, la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso de esta persona a ser parte en el proceso penal determina que se le tenga que nombrar Abogado y Procurador de oficio, puesto que para el ejercicio de este derecho la intervención de dichos profesionales es preceptiva.

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