Fiscal
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 Al hilo de las jornadas recientemente celebradas por el Colegio de Abogados de Ciudad Real en relación con el certificado digital colegial y las nuevas formas de presentación de los distintos modelos sobre obligaciones tributarias en Hacienda, se planteó tratar alguna materia de ámbito tributario que fuera de especial interés para nuestro colectivo profesional. Aunque hay bastantes materias relacionadas con cuestiones fiscales de interés actual para los abogados, por ejemplo, los nuevos criterios de la Administración Tributaria Estatal, a raíz de distintas sentencias del Tribunal Supremo, resoluciones del Tribunal Económico-Administrativo Central y contestaciones de la Dirección General de Tributos, sobre la retribución de los socios de sociedades profesionales, al final, como tema más general para todo nuestro colectivo, decidimos tratar el recientemente aprobado criterio de caja en el IVA, incorporado a la Ley del Impuesto por el artículo 23 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores, que introduce el Régimen especial del criterio de caja en el Capítulo X del Título IX de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (artículos 163 decies y siguientes).

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La Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, conocida como "ley antifraude", intenta reforzar las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, constituyendo según el Gobierno, junto con la Ley contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal, el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

La norma combina diversas medidas diseñadas para impactar directamente en nichos tradicionales de fraude, con otras que pretenden reforzar la seguridad jurídica del sistema tributario y potenciar la recaudación. Una de las medidas principales consiste en la limitación de uso de dinero en efectivo en determinadas operaciones. En esta materia, parece ser que se ha tenido en cuenta la experiencia legislativa en países comunitarios del entorno como Francia e Italia. Así, no podrán pagarse en efectivo operaciones iguales o superiores a 2.500 euros en las que intervenga, al menos, un empresario o profesional. La limitación no será aplicable a los pagos e ingresos realizados con entidades de crédito.

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A través de estas breves notas vamos a hacer un recorrido sobre los aspectos fiscales que se podrían derivar de la adquisición de un local ‘de segunda mano’ para dedicarlo exclusivamente al ejercicio de nuestra actividad profesional. Para hacer más amplio el supuesto, supongamos que se realizarán obras para acondicionar el local y se adquirirá mobiliario para equiparlo suficientemente. Las anteriores operaciones se financiarán fundamentalmente mediante un préstamo hipotecario. Aprovechando el ejemplo, realizaremos algunos comentarios que exceden del supuesto pero que pueden resultar de interés en relación con determinados aspectos fiscales del ejercicio de la actividad profesional.

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Como la mayoría de nosotros sabemos, bien por experiencia directa o por referencias de algún compañero, asesor fiscal o funcionario de Hacienda, en el caso de adquisición de un vehículo turismo que vamos a utilizarlo en el ejercicio de nuestra actividad profesional, los órganos de comprobación de la Administración Tributaria (bien en el seno de procedimientos de gestión o de inspección tributaria) vienen admitiendo a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido la deducción del 50% del impuesto soportado.

La justificación la encontramos en el artículo 95 de la Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre) que si bien en su punto 1 establece la no deducción de las cuotas soportadas o satisfechas por la adquisición de bienes o servicios que no afecten, directa y exclusivamente a la actividad empresarial o profesional, en el punto 3, apartado 2, señala que “cuando se trate de vehículos automóviles de turismo y sus remolques, ciclomotores y motocicletas, se presumirán afectos al desarrollo de la actividad empresarial o profesional en la proporción del 50%”.

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Siempre ha sido un asunto polémico, que ha dado lugar a numerosas controversias, la posibilidad de considerar como rendimientos irregulares los honorarios percibidos por servicios profesionales que se dilatan varios años en el tiempo, pues a efectos fiscales existe una gran diferencia entre considerar el importe obtenido como rendimiento normal o regular de la actividad profesional o considerarlo como rendimiento irregular al que se pueda aplicar la reducción del 40% prevista en el artículo 32 punto 1 de la vigente Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (Ley 35/2006, de 28 de noviembre).

Con mucha frecuencia las minutas que se perciben e ingresan en un único ejercicio son consecuencia de trabajos que se prolongan durante varios años. Es decir, el esfuerzo para percibir la renta se prolonga y excede con mucho del ejercicio fiscal. Teniendo en cuenta que el IRPF es un impuesto progresivo (mayor tipo de gravamen a medida que aumenta la base imponible), el hecho de percibir la minuta de una vez, o en un mismo ejercicio, supone que se aplique un mayor tipo medio de gravamen, frente a quien hubiera percibido el mismo importe de forma continuada.

A lo largo del tiempo la Dirección General de Tributos ha venido manteniendo que no pueden considerarse rendimientos irregulares los percibidos, entre otros profesionales, por un abogado que cobra los honorarios al finalizar el procedimiento judicial que ha durado más de dos años (contestación de la DGT de 5 de febrero de 2001). En el mismo sentido se han venido manifestando los Tribunales Económico-Administrativos.

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