Legislación
[Soledad Serrano Navarro]
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OCTUBRE

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

  • Contratación Administrativa.-
    Corrección de errores del Real Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/300/, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
    B.O.E. 3 de octubre de 2009 nº 239


  • Procedimiento Administrativo.
    Gestión Informatizada.- Orden EHA/2784/2009, de 8 de octubre, por la que se regula la interposición telemática de reclamaciones económico-administrativas y su desarrolla parcialmente la disposición adicional decimosexta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, sobre utilización de medios electrónicos informáticos y telemáticos en las reclamaciones económico-administrativas.
    B.O.E. 16 de octubre de 2009 nº 250

  • Seguros.-
    Resolución de 9 de octubre de 2009, de la Presidencia del Consorcio de Compensación de Seguros, por la que se aprueban los modelos de declaración e ingreso a través de la vía telemática de los recargos recaudados por las entidades aseguradoras.
    B.O.E. 22 de octubre de 2009 nº 255

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[Elena Galán Rodríguez] de Isla, Magistrada de los Juzgados de Bilbao

1.    Introducción

Las razones de la reforma se apuntan en el propio preámbulo. El legislador ha considerado que si bien es cierto que el aumento de la litigiosidad pone de manifiesto la confianza de los ciudadanos en la Administración de Justicia como instrumento para resolver sus conflictos y pretensiones, también se hace necesario introducir profundas reformas para asegurar la sostenibilidad del sistema y garantizar un servicio público de calidad.

Parece interesante resaltar aquí, que la Ley 37/2011, de 10 de octubre, como se específica en su preámbulo tiene por objeto incorporar determinadas medidas de agilización procesal en los órdenes civil, penal y contencioso-administrativo, que tienen el denominador común de dotar a nuestros Tribunales de instrumentos procesales óptimos para la gestión procesal, teniendo evidentemente una incidencia distinta en cada orden jurisdiccional. En este contexto, hay que recalcar que unas medidas están dirigidas a garantizar derechos fundamentales de los ciudadanos, como acontece en el orden penal, otras a suprimir trámites procesales innecesarios o a sustituirlos por otros más breves, y otras van encaminadas a limitar el uso abusivo de instancias judiciales.

Concretamente y en relación al orden contencioso-administrativo a fin de agilizar la fase de prueba se modifican determinados preceptos para reducir trámites. A su vez, en el procedimiento abreviado, con la finalidad de reducir la espera de la celebración de la vista, se introduce la posibilidad de evitar la misma en aquellos recursos en los que no se va a pedir el recibimiento a prueba y la Administración demandada no solicita la celebración de vista pública. También se eleva a 30.000 euros la cuantía de los asuntos que se resolverán por los trámites del procedimiento abreviado.
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