Comentarios doctrinales
[Macario Ruiz y Juan Hervás Moreno]
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Cuando se propone, para su admisión, en el curso de procedimiento como medio de prueba el contenido de un mensaje obtenido en cualquier sistema de mensajería instantánea (como los mensajes de Whatsapp, de correo electrónico, o incluso la grabación de una conversación telefónica), dado que se trata de medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, y que estamos en todos los casos ante medios de prueba electrónica que se componen del soporte material (en el caso del Whatsapp sería el smartphone), de la información que contiene el soporte, y de su posible relevancia jurídica, desde el punto de vista legal, el artículo 299.2 de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ya prevé la aceptación de los medios de prueba electrónicos: “También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”.

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La Ley 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal ha modificado el en relación con el criterio de imposición de las costas en primera o única instancia, optando por el criterio del vencimiento objetivo, salvo cuando se aprecie, y se razone por el Tribunal, "que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho", indicándose en su preámbulo que "En relación a las costas procesales se establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición". Todo ello a fin de dar una debida respuesta al sobrevenido aumento de la litigiosidad en los últimos tiempos.

 

La razón de ser del criterio del vencimiento objetivo para la condena en costas no es otra, según jurisprudencia reiterada, que la de satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los Tribunales para su reconocimiento. El pago de los gastos que genera el proceso se constituye, así, como un gravamen que en justicia no debe soportar quien se ve obligado a presentar una demanda, o a contestarla, representado por Procurador y asistido de Abogado, para defender su derecho. Debe, por eso, soportar las costas -en principio- quien fue el causante de los daños que en definitiva se originaron por su proceder contrario al cumplimiento de la obligación a su cargo.

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