Tras la reunión mantenida ayer por la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega; sus vicepresidentes, Sonia Gumpert y Oriol Rusca; y su secretario general, Ramón Jáudenes (decanos respectivamente de los Colegios de Madrid, Barcelona y Pontevedra) con el Ministro de Justicia, se ha logrado que el Gobierno impulse una reforma urgente de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, con efectos de 1 de enero de 2017 que ratificará la obligatoriedad en la prestación, el carácter indemnizatorio del servicio público del Turno de Oficio organizado por la Abogacía, y la no sujeción de este servicio público al IVA, tal y como se ha reivindicado en las últimas semanas por el Colegio junto con el CGAE y resto de Colegios de Abogados así como por toda la Abogacía.

La actual reforma del Código Penal supone una importante modificación del ordenamiento jurídico penal pues, además de su incidencia en el propio Código afecta además a normas como la LECr; la LOPJ o la LOTJ, y ello con trascendencia cuantitativa, modificando más de doscientos artículos, derogando el Libro III del Código e incorporando otros de nueva creación con la introducción de figuras absolutamente novedosas como la prisión permanente revisable para delitos de especial gravedad, medidas de seguridad junto a las penas, la reforma de materias tales como la suspensión; la tipificación, en su parte especial, de nuevas conductas (el matrimonio forzoso, o el delito de acoso) o la agravación de otros ya existentes. Las líneas generales que informan el contenido de la reforma responden a una principal característica, que es el endurecimiento generalizado del sistema penal, que el legislador se esfuerza en justificar con razones de política criminal, invocando la «realidad social» y la «alarma» que sienten los ciudadanos ante determinadas conductas delictivas. En estas líneas, la reforma de mayor trascendencia es la supresión de las faltas y la consiguiente introducción de una nueva categoría delictiva, la de los llamados «delitos leves».