Turno de Oficio
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[Santiago Alfonso Guzmán Marín, colegiado 2.308.]


En la práctica diaria de los Abogados del turno de oficio, nos encontramos en numerosas ocasiones el supuesto de que, tras haber sido designados por turno de oficio para la defensa de un imputado o detenido, una vez realizadas las primeras actuaciones, esto es, la declaración en sede judicial o policial, la puesta a disposición judicial y su declaración, incluso la vista de medidas cautelares de prisión preventiva, etcétera, el detenido o imputado, a posteriori, realiza una designación de Abogado particular para la continuación del procedimiento penal, bien de la instrucción, o bien lo designa una vez terminada la instrucción, cuando se le notifica el auto de apertura de juicio oral.

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[por Santiago Alfonso Guzmán Marín, abogado.]

turno de oficioVamos en este artículo a intentar desarrollar la problemática que plantea la designación en turno de oficio para la defensa de los intereses de los usuarios de justicia gratuita en el procedimiento penal, en aquellos supuestos en los que el usuario no es imputado, sino que precisamente es parte acusadora.

En un primer momento, los Colegios de Abogados en general, dado que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 10 de enero de 1996 establece en el artículo 6.3 que el derecho de justicia gratuita comprende “defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando, no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado para garantizar la igualdad de partes en el proceso”, interpretaban que, si se trataba de delitos perseguibles de oficio, la intervención de la acusación particular no era preceptiva ni obligatoria, y dado que el solicitante estaba defendido en el proceso por los postulados del Ministerio público como garante de la legalidad, se entendía que no existía ninguno de los supuestos del artículo mencionado, por lo que se desestimaban las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para personarse como acusación particular.


Ahora bien, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2008 de 21 de enero el panorama ha cambiado notablemente. El Tribunal Constitucional vino a declarar la inconstitucionalidad de tal práctica, con el argumento general de que si bien el perjudicado puede personarse o no en el procedimiento, si lo hace es preceptivo que lo haga defendido por Abogado y representado por Procurador. Por ello, y dado que existe un derecho de acceso a la jurisdicción penal reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, existe un derecho a ser parte en el proceso penal que forma parte de la tutela judicial efectiva, y si para ello es imprescindible hacerlo con Abogado y Procurador, dicha intervención deviene preceptiva, debiéndose interpretar que el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no excluye dichos supuestos, por lo que si el justiciable acredita no tener medios para litigar, la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso de esta persona a ser parte en el proceso penal determina que se le tenga que nombrar Abogado y Procurador de oficio, puesto que para el ejercicio de este derecho la intervención de dichos profesionales es preceptiva.

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[Santiago Alfonso Guzmán Marín,
Abogado]

 

En este número de Foro Manchego vamos a analizar una cuestión realmente interesante, y que en muchas ocasiones se nos va a plantear en la actividad profesional dentro del turno de oficio. Se trata de aquellos supuestos en donde el Juzgado ha dictado una sentencia favorable al beneficiario de justicia gratuita, pero no ha impuesto las costas a la parte contraria. En principio, la primera pregunta que se nos puede plantear es la de si, en cualquier caso, puesto que se trata de un beneficiario de justicia gratuita, y dado que no hay condena en costas a la parte contraria, es posible o no  repercutir al beneficiario el coste del procedimiento relativo a la actividad profesional desarrollada en su defensa. En relación con esta cuestión, tenemos que tener en cuenta lo establecido en el artículo 36.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita: “ Cuando la sentencia que ponga fin al proceso no contenga expreso pronunciamiento en costas, venciendo en el pleito el beneficiario de la justicia gratuita, deberá éste pagar las costas causadas en su defensa, siempre que no excedan de la tercera parte de lo que en él haya obtenido. Si excedieren se reducirán a lo que importe dicha tercera parte, atendiéndose a prorrata sus diversas partidas.”1

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[Santiago Alfonso Guzmán Marín,
Abogado]

 

Comenzar una nueva sección en una revista tan arraigada en nuestro Colegio como Foro Manchego es, desde luego, un reto apasionante, aunque igualmente complicado. Y lo es, máxime, cuando lo que se pretende es tocar un aspecto tan sensible en nuestro colectivo como es el turno de oficio y la asistencia jurídica gratuita. Por una parte, estamos ante una actividad compleja de comprender y de analizar. Se trata de una actividad realizada por numerosos compañeros y compañeras abogados, pudiéndose analizar desde numerosos puntos de vista: como una actividad necesaria para simplemente poder mantener los costes del despacho, como una actividad casi altruista... Habrá tantas motivaciones como abogados, pero desde luego, lo que sí se percibe es el interés, la motivación y la dedicación a dicha actividad por parte de numerosos compañeros y compañeras, que desempeñan su buen hacer en el turno con el máximo interés y vocación. Desde luego, si el ejercicio del Derecho es vocacional, hay pocas actividades donde se pueda desarrollar dicha vocación como la defensa de los intereses y derechos encomendados a través del turno de oficio y de la asistencia jurídica gratuita.

 

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