[ Por Justo Juan Pliego Romero, abogado y Director-Gerente de la Unión de Cooperativas de Trabajo Asociado de Castilla-La Mancha (UCTACAM). Árbitro del Consejo Regional de Economía Social de Castilla-La Mancha ]

El sector cooperativo de gran potencia en nuestra región se ha visto como el resto de fórmulas empresariales sujeto a los distintos vaivenes legislativos, derivados en los últimos tiempos por la adaptación a distintas normas de ámbito general o específico. El objeto de este trabajo es retomar la figura cooperativa desde sus inicios y concepto primigenio, con un especial énfasis en los principios que la vienen regulando desde sus inicios en la primera mitad del siglo XIX, y en las novedades introducidas por la nueva legislación autonómica. Esta última de especial interés dado el obligado proceso de adaptación de los Estatutos sociales a la nueva norma, que de acuerdo a la disposición transitoria segunda de la Ley de Cooperativas castellano manchegas concluye el próximo 16 de enero de 2014. Si bien existe una gran simbiosis entre el sector cooperativo regional y la sociedad de Castilla-La Mancha, que básicamente ha tenido su origen en la fortaleza de nuestra industria agroalimentaria, pudiendo citar importantes ejemplos de larga trayectoria tanto en nuestra propia provincia de Ciudad Real como en el resto de la comunidad autónoma, en los que la gran mayoría de sus vecinos son al tiempo socios de las cooperativas locales, hay que señalar que el grado de desconocimiento sobre su funcionamiento y peculiaridades jurídicas está bastante extendido. Desconocimiento que se hace extensivo a otras clases de cooperativas como las de trabajo asociado, conformada por empresas de larga tradición en todos los sectores productivos, incluyendo entre otros, por ejemplo, medios de comunicación digital. Debemos destacar que nuestra norma autonómica regula hasta 15 clases de cooperativas distintas, que de forma enumerativa son: de trabajo asociado, de servicios, de transportes, agrarias, de explotación comunitaria de la tierra, de viviendas, de consumidores y usuarios, de seguros, sanitarias, de enseñanza, de iniciativa social, de integración social, de crédito, mixtas y finalmente, las cooperativas integrales.

[por Santiago Alfonso Guzmán Marín, abogado.]

Vamos en este artículo a intentar desarrollar la problemática que plantea la designación en turno de oficio para la defensa de los intereses de los usuarios de justicia gratuita en el procedimiento penal, en aquellos supuestos en los que el usuario no es imputado, sino que precisamente es parte acusadora.

En un primer momento, los Colegios de Abogados en general, dado que la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita de 10 de enero de 1996 establece en el artículo 6.3 que el derecho de justicia gratuita comprende “defensa y representación gratuitas por Abogado y Procurador en el procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea legalmente preceptiva o, cuando, no siéndolo, sea expresamente requerida por el Juzgado o Tribunal mediante Auto motivado para garantizar la igualdad de partes en el proceso”, interpretaban que, si se trataba de delitos perseguibles de oficio, la intervención de la acusación particular no era preceptiva ni obligatoria, y dado que el solicitante estaba defendido en el proceso por los postulados del Ministerio público como garante de la legalidad, se entendía que no existía ninguno de los supuestos del artículo mencionado, por lo que se desestimaban las solicitudes de asistencia jurídica gratuita para personarse como acusación particular.

Ahora bien, tras la Sentencia del Tribunal Constitucional 9/2008 de 21 de enero el panorama ha cambiado notablemente. El Tribunal Constitucional vino a declarar la inconstitucionalidad de tal práctica, con el argumento general de que si bien el perjudicado puede personarse o no en el procedimiento, si lo hace es preceptivo que lo haga defendido por Abogado y representado por Procurador. Por ello, y dado que existe un derecho de acceso a la jurisdicción penal reconocido por la Ley de Enjuiciamiento Civil, existe un derecho a ser parte en el proceso penal que forma parte de la tutela judicial efectiva, y si para ello es imprescindible hacerlo con Abogado y Procurador, dicha intervención deviene preceptiva, debiéndose interpretar que el artículo 6.3 de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita no excluye dichos supuestos, por lo que si el justiciable acredita no tener medios para litigar, la necesidad de salvaguardar el derecho de acceso de esta persona a ser parte en el proceso penal determina que se le tenga que nombrar Abogado y Procurador de oficio, puesto que para el ejercicio de este derecho la intervención de dichos profesionales es preceptiva.