Actualidad Jurídica
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Sentencia nº 17/2016, de la Sección 2ª de 25 de enero.
ECLI: ES:APCR:2016:40
ROJ: SAP CR 40/2016
Órgano: Audiencia Provincial
Sede: Ciudad Real
Sección: 2
Nº de Resolución: 17/2016
Fecha de Resolución: 25/01/2016
Nº de Recurso: 163/2015
Jurisdicción: Civil
Ponente: CARMEN PILAR CATALAN MARTIN DE BERNARDO
Procedimiento: CIVIL
Tipo de Resolución: Sentencia

DERECHO DE RECTIFICACIÓN. CONTROL JUDICIAL
El derecho de rectificación es un derecho que asiste a cualquier persona física o jurídica u otro tipo de entes sin personalidad, de solicitar la rectificación de los datos erróneos o incorrectos que han aparecido en un medio de comunicación. En el presente supuesto, un Ayuntamiento de la provincia, solicitaba que RTVCM rectificará la información emitida el 24 de marzo de 2014, referente al sueldo y complementos del alcalde de la localidad. La sentencia de nuestra Audiencia concluye que el citado medio no cumplió con los estándares mínimos de verificación de la información y que como tal debe rectificarla; rectificación que se deberá llevar a cabo leyendo en el mismo espacio informativo en que se publicó la noticia el acta del pleno de dicho ayuntamiento, en el cual se recogía el sueldo y complementos salariales del alcalde.

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JULIO

JEFATURA DEL ESTADO

Jurisdicción voluntaria.- Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria.

B.O.E.   3 de julio 2015   Nº 158


Eurojust.- Ley 16/2015, de 7 de julio, por la que se regula el estatuto del miembro nacional de España en Eurojust, los conflictos de jurisdicción, las redes judiciales de cooperación internacional y el personal dependiente del Ministerio de Justicia en el Exterior.

B.O.E.   8 de julio de 2015   Nº   162


Sistema Nacional de Protección Civil.- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Medidas urgentes.- Real Decreto-ley 9/2015, de 10 de julio, de medidas urgentes para reducir la carga tributaria soportada por los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y otras medidas de carácter económico.

B.O.E.   11  de julio de 2015   Nº   165


Administración de Justicia. Registro Civil.- Ley 19/2015, de 13 de julio, de medidas de reforma administrativa en el ámbito de la Administración de Justicia y del Registro Civil.

B.O.E.   14 de julio de 2015   Nº   167


Entidades aseguradoras y reaseguradoras.- Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradotas.

B.O.E.   15 de julio de 2015   Nº   168


Montes.- Ley 21/2015, de 20 de julio, por la que se modifica la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Auditoría de Cuentas.- Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

B.O.E.   21 de julio de 2015   Nº   173


Poder Judicial.-  Ley Orgánica 7/2015, de 21 de julio, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial


Inspección de Trabajo y Seguridad Social.- Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

B.O.E.   22 de julio de 2015   Nº   174


Menores. Protección jurídica.- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

B.O.E. 23 de julio de 2015   Nº   175


Patentes.-Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes.

B.O.E.  25 de julio de 2015   Nº   177


Cuerpo de la policia nacional.-  Ley Orgánica 9/2015, de 28 de julio, de Régimen de Personal de la policia nacional

 

Segunda oportunidad. - Medidas de orden social.- Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

 

Menores. Protección jurídica.- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.

 

Minas antipersona.- Ley 27/2015, de 28 de julio, de modificación de la Ley 33/1998, de 5 de octubre, de prohibición total de minas antipersona y armas de efecto similar.

B.O.E. 29 de julio de 2015   Nº   180

 

Cooperación jurídica internacional.- Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil.
B.O.E   31 de julio de 2015   Nº 182

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La Ley 37/2011, de 10 octubre, de medidas de agilización procesal ha modificado el en relación con el criterio de imposición de las costas en primera o única instancia, optando por el criterio del vencimiento objetivo, salvo cuando se aprecie, y se razone por el Tribunal, "que el caso presentaba serias dudas de hecho o de derecho", indicándose en su preámbulo que "En relación a las costas procesales se establece para los procesos de única o primera instancia el criterio del vencimiento pero con la posibilidad de que el tribunal pueda exonerar de las mismas cuando concurran circunstancias que justifiquen su no imposición". Todo ello a fin de dar una debida respuesta al sobrevenido aumento de la litigiosidad en los últimos tiempos.

 

La razón de ser del criterio del vencimiento objetivo para la condena en costas no es otra, según jurisprudencia reiterada, que la de satisfacer el principio de tutela judicial efectiva, que exige que los derechos no se vean mermados por la necesidad de acudir a los Tribunales para su reconocimiento. El pago de los gastos que genera el proceso se constituye, así, como un gravamen que en justicia no debe soportar quien se ve obligado a presentar una demanda, o a contestarla, representado por Procurador y asistido de Abogado, para defender su derecho. Debe, por eso, soportar las costas -en principio- quien fue el causante de los daños que en definitiva se originaron por su proceder contrario al cumplimiento de la obligación a su cargo.

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Cuando se propone, para su admisión, en el curso de procedimiento como medio de prueba el contenido de un mensaje obtenido en cualquier sistema de mensajería instantánea (como los mensajes de Whatsapp, de correo electrónico, o incluso la grabación de una conversación telefónica), dado que se trata de medios de reproducción de la palabra, de la imagen y del sonido, y que estamos en todos los casos ante medios de prueba electrónica que se componen del soporte material (en el caso del Whatsapp sería el smartphone), de la información que contiene el soporte, y de su posible relevancia jurídica, desde el punto de vista legal, el artículo 299.2 de la vigente Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, ya prevé la aceptación de los medios de prueba electrónicos: “También se admitirán, conforme a lo dispuesto en esta Ley, los medios de reproducción de la palabra, el sonido y la imagen, así como los instrumentos que permiten archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”.

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