Algunos Datos
La situación de los refugiados y desplazados en el mundo es uno de los grandes problemas internacionales junto al cambio climático, la pobreza, la demografía y migraciones, el desempleo y el colapso de los estados y el terrorismo, pero las historias que hablan de los refugiados sacuden la sensibilidad de tal modo y las condiciones en que viven quienes escapan de la muerte son tan penosas que generan el doble impulso de querer ayudar y no saber cómo; las imágenes de miles de seres humanos hacinados en tiendas de campaña o a la intemperie, o en tierra de nadie y sumidos en la desesperación tienden a producir compasión pero desbordan la capacidad de entendimiento.
Esas imágenes de refugiados que hemos visto en televisión llegando a nuestras costas, entre ellos muchos niños, retratan solo una pequeña parte de ese otro inmenso grupo de personas, alrededor de 65.000.000 según Naciones Unidas, que son refugiados o desplazados internos en sus países como consecuencia de conflictos armados, violencia generalizada, persecución, torturas o abusos sexuales, y la mayor parte de ellas viven como refugiados no en nuestra rica Europa, sino en países empobrecidos entre los cuales están Sudán, Pakistán, Líbano, Iraq y Jordania y proceden de todos los lugares del mundo ya citados y otros como República del Congo, Colombia, Eritrea, Palestina o Sahara Occidental.
No podemos permitirnos preocuparnos de los refugiados solo cuando llegan a las costas de Europa o cuando los medios de comunicación los visibilizan –mucha gente cree que el problema de los refugiados atañe solo a los procedentes de Siria o Irak-, y mucho menos cerrarles las fronteras, impedirles el paso o dejar de apoyarles y negar sus oportunidades de futuro.
300.000 personas en el Sahara desde 1975. Alrededor de 5.000.000 de refugiados palestinos distribuidos por todo el mundo, o refugiados en su propio país desde 1949. En Líbano la cuarta parte de su población la componen refugiados; si proyectamos esos números sobre España equivaldría a que en nuestro país estarían viviendo ahora mismo 11.500.000 refugiados. En Turquía 2.000.000. En Jordania 600.000.
En Siria existen 11.000.000 de personas entre refugiados y desplazados internos, de los cuales 2.000.000 son niños; justo la mitad de su población, como si en España hubiéramos tenido que movernos de nuestros hogares para escapar de la violencia unos 23.000.000 de personas.
También hay niños varados en barcos en el sudeste asiático en riesgo de abuso y explotación, cientos de niños asesinados y llevados a la fuerza en ataques violentos en Sudán del Sur, donde aldeas enteras han sido quemadas y reducidas a cenizas por grupos armados, mientras que un gran número de mujeres y niñas, algunas de siete años, han sido violadas y asesinadas, otros mutilados y muchos reclutados como niños soldados para unirse al combate o cuidar el ganado robado; los conflictos y la inestabilidad han desarraigado de sus hogares a 4.500.000 de niños en Afganistán, Somalia, Sudán del Sur o Siria. 1.200.000 niños necesitan ayuda urgente en República Centroafricana.
En medio de esta tragedia, los más vulnerables son las mujeres y los niños. La trata de mujeres y niños refugiados es uno de los problemas que ACNUR destaca como más grave
Todos los refugiados y desplazados padecen situaciones injustas y privaciones de todo tipo, enfermedades y peligros, sensación de cárcel y problemas psicológicos, deficiente acceso al agua, comida, cobijo y asistencia sanitaria. Su situación es siempre terrible, las personas que vemos en televisión vienen huyendo de un conflicto en el que su vida ha estado en peligro y acaban de realizar o están realizando un viaje penoso para abandonar ese infierno, abrumados por el cansancio y normalmente con una higiene deficiente, cuando no mueren en el intento de encontrar refugio. Se ven obligados a abandonar sus viviendas y sus tierras, cosa que nadie quiere, son frecuentemente víctimas de actos de violencia, homicidios, violaciones y reclutamiento forzoso, carecen muchas veces de documentos y desconocen su futuro, y ni siquiera tienen garantizada la devolución de sus propiedades si alguna vez consiguen regresar.
Y en medio de esta tragedia, los más vulnerables son las mujeres y los niños. La trata de mujeres y niños refugiados es uno de los problemas que ACNUR destaca como más grave; ACNUR ha detectado abusos sexuales en las esperas nocturnas en las fronteras, en las estaciones de tren mal iluminadas y en los centros de internamiento de los países en tránsito, se han producido denuncias de niños obligados a mantener relaciones sexuales con los traficantes a cambio de pagar su viaje y mujeres y niños obligados a recurrir a la prostitución de supervivencia, pues las mafias les han robado el dinero y solo de esa manera pueden pagar el resto del viaje.
Es difícil además conocer la entidad real del problema pues muchas mujeres y niños no se atreven a denunciar, ya que la mayoría de los refugiados provienen de contextos culturales muy conservadores y la denuncia puede provocar el rechazo de las familias y la culpabilización de las víctimas.
Naciones Unidas calcula que alrededor de 1.000.000 de mujeres y niñas caen al año en las redes de trata y 2.000.000 en redes de prostitución, muchas de ellas procedentes de los grupos de refugiados y desplazados.
Otro problema específico que afecta a los menores tiene que ver con la interrupción de su educación al desaparecer las infraestructuras educativas de sus países o verse obligados a abandonarlas. De nuevo la pobreza aparece aquí como causa última de esta situación; el 43% del total de los niños del mundo que no van a la escuela viven en países afectados por conflictos o desastres naturales, más de 2.000.000 de niños en Siria no van a las aulas, 1.200.000 en Iraq, y el total de niños afectados por la interrupción de los sistemas educativos en Oriente Medio y norte de África asciende a más de 13 millones de niños (Siria, Iraq, Líbano, Jordania, Turquía, Yemen, Libia, Sudán y Territorios Ocupados de Palestina).
La educación es de vital importancia para los niños refugiados, la rutina de ir a la escuela les devuelve a los niños el sentido de seguridad, les apoya psicológicamente de los traumas vividos y constituye la única vía para alcanzar la autosuficiencia. Por tanto, es una prioridad el aprendizaje del idioma del país de acogida y el acceso a una formación que propicie un posible empleo para el futuro. Estos niños corren el riesgo de conformar una auténtica generación perdida que verán sus esperanzas y sus futuros destrozados. Sin formación se dificulta enormemente el acceso a puestos de trabajo medianamente cualificados, por lo que negarla es lo mismo que condenar a estas generaciones a un futuro incierto y probablemente abocado a la pobreza.
El Marco de Derechos
Nadie quiere dejar su tierra, y ello es así porque en esa tierra han nacido y está su pasado, sus familias y amigos, sus medios de vida, sus esperanzas y hasta sus muertos, y nadie quiere verse obligado a abandonar todo eso. Esto nos debe conducir a imaginar qué grado de desesperación han de tener estos millones de personas obligados a abandonar todo eso, obligados a vender lo poco que tienen para poder pagar un viaje a no se sabe dónde, sometidos casi siempre a penosísimas condiciones, a través de lugares extraños, desiertos y mares, jugándose la vida, y todo ello con la única expectativa de encontrar algún país donde literalmente salvar su vida o encontrar algún medio de ganársela, casi siempre aceptando los trabajos más penosos y en las peores condiciones, pobre recompensa para tanto sufrimiento. Aun así, ante la elección de morir o salvar la vida, blindar las fronteras para impedir su paso siempre será inútil, tan inútil como intentar poner puertas al campo, sencillamente imposible.
Se desobedecen por los estados las normas del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho internacional humanitario y del específico de los refugiados y desplazados
La obligación de atender y garantizar las necesidades y los derechos del conjunto de los refugiados y desplazados no es una consecuencia derivada de la moral o de los sentimientos solidarios o humanitarios; esas garantías constituyen un marco jurídico de reconocimiento de derechos establecido por la legislación internacional.
En primer lugar, la Convención de Ginebra de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados, que goza de carácter obligatorio para todos los estados de la comunidad internacional, y que contiene las definiciones, derechos y obligaciones de los estados y las personas para gozar del estatuto del refugiado.
La Convención fue adoptada para hacer frente a las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pero no fue diseñada para hacer frente a las causas sino para atenuar sus consecuencias ofreciendo a las víctimas un grado de protección internacional y de asistencia y, en su caso, ayudarles a comenzar una nueva vida.
Dicha Convención, desarrollada por el Protocolo de Nueva York de 1967, emana directamente del derecho a solicitar y obtener asilo que establece el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
La piedra angular de la protección internacional de los refugiados es el denominado “principio de no devolución”, esencial para el derecho del ejercicio al asilo y establecido por el artículo 33 de la Convención, y que consiste en la prohibición de devolución, expulsión, deportación, retorno, extradición o rechazo en frontera; desde luego la institución del asilo no se limita a la prohibición de devolución, pues incluye también el acceso de los solicitantes de asilo a procesos justos y eficaces para determinar el estatuto de refugiado que otorga siempre y al menos protección temporal, la obligación de los estados de tratar a los solicitantes de asilo y a los refugiados de conformidad con los derechos humanos y las normas del Derecho de los refugiados, y paralelamente el deber de estos, y solicitantes de asilo, de respetar y cumplir las leyes de los estados de acogida.
Los refugiados y desplazados gozan también de los derechos que le otorgan otras normativas:
La Realidad
Pero, ¿qué hace la comunidad internacional? Hace poco y mal, tanto a escala global, como nacional y, en nuestro ámbito la Unión Europea:
Se permite la proliferación de los conflictos que originan este inmenso número de personas refugiadas. Hoy, la mayor parte de las víctimas de las guerras son civiles, hasta el 90% de ellas. Muchos expertos han denunciado la vinculación entre pobreza, desigualdad y conflicto, señalando a la violencia estructural que deriva de estructuras sociales económicas y políticas injustas como causa originaria de los conflictos; yo me inclino a pensar que más que causas, esas situaciones son el marco y el escenario en el que se desarrollan los conflictos, marco en el que las disputas por los recursos y las reivindicaciones territoriales y la lucha por el poder es aprovechada por grupos o clases que provocan situaciones de extrema conflictividad social, instrumentalizando la pugna ideológico-política, la intolerancia religiosa, el odio racial o étnico y el nacionalismo extremo, como causas que estimulan la reproducción de la violencia.
Lo que es claro es que asistimos hoy a una proliferación intolerable de conflictos armados. Y además, es preciso denunciar la debilidad del sistema internacional de seguridad, del que es depositario las Naciones Unidas: el sistema se creó para garantizar la paz y la seguridad internacionales concebidas solo en base a la integridad territorial de los estados con la soberanía como principio supremo, pero este sistema no está concebido ni dotado para la prevención de conflictos ni para la intervención en los de carácter interno, que son hoy la mayoría.
Se desobedecen por los estados las normas del Derecho internacional de los derechos humanos, del Derecho internacional humanitario y del específico de los refugiados y desplazados. Esto no sólo ocurre en Europa, ocurre en todos los extremos del mundo desde Australia a Kenia, países desarrollados o países pobres, en los países de los Balcanes y en definitiva, en todos los continentes.
Se permite a algunos países mantenerse al margen del problema. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, seis países de entre los más ricos del mundo y entre ellos la opulenta Arabia Saudí, no han recibido ni un solo refugiado sirio, limitándose a aportar fondos a la ONU a pesar de compartir lengua, cultura y religión con los refugiados, y además, alguno de ellos están en el origen de la crisis siria, financiando a los diferentes grupos en conflicto, incluyendo a los terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico. Ninguno de estos países ha firmado la Convención para los Refugiados de 1951, dada su peculiar concepción de la ciudadanía estrictamente limitada a la pequeña fracción nativa de su población.
Se actúa con mezquindad y sin generosidad alguna: es lamentable la actitud de los países que componemos la Unión Europea batallando por disminuir el número de refugiados a acoger que, en el mejor de los casos, va a ser muy inferior a las necesidades reales. Insuficiencia en el número de personas asignadas a cada país que después, además, se incumple en la práctica: de las 160.000 personas comprometidas por la UE en 2015 se han acogido sólo a la cuarta parte, España sólo al 12% y países como Hungría y Polonia no han acogido a una sola persona.
Debemos exigir la adopción de políticas que propicien el desarrollo de los países de origen, pues solo eso hará posible que aquellas personas dejen atrás su desesperanza y encuentren una razón para seguir en su tierra
Europa aporta al conjunto de toda África - más de 1.100 millones de habitantes-, 1.800 millones de euros para apoyar las políticas para frenar la inmigración, pero eso sí, aporta a Turquía 7.000 millones de euros a cambio de que retenga allí a los millones de refugiados de Oriente Medio y no permita que accedan a los países de nuestra vieja Europa; y por si no quedara claro el descaro, les aporta además un premio a los turcos, pues a cambio de frenar a unos, accede a facilitarle a los nacionales turcos los visados para entrar en Europa, legitimando al tiempo al régimen autoritario de Erdogan. Valga como botón de muestra: España gasta treinta y dos veces más en control de fronteras que en ayudas directas a los refugiados.
Se adoptan políticas restrictivas: se sellan las fronteras europeas para impedir la llegada de las personas, se externaliza la gestión y el control de fronteras a países terceros limítrofes (Marruecos, Turquía y Macedonia) y se legisla de modo que se desincentive a los refugiados intentar llegar a Europa, como lo demuestran los acuerdos de Dublín, según los cuales los refugiados han de pedir obligatoriamente el asilo en el primer país que pisan, desplazando así el problema básicamente a Grecia, Hungría e Italia, lejos del confortable centro.
Ante esta situación, y el intolerable número de muertos en el Mediterráneo, 2.400 en lo que va de año y 25.000 en los últimos quince años, se buscan chivos expiatorios, las mafias, cuando es el propio sistema de fortalecimiento de fronteras europeas lo que está obligando a los refugiados a recurrir a las mafias poniendo su vida en grave peligro. Se ha declarado la guerra al tráfico de personas, ignorando que no son las redes de contrabando las que provocan las migraciones, sino que estas se limitan a responder a una demanda existente, por muy criminal y abyecta que sea su actividad.
Por tanto, si comparamos los derechos que la legislación internacional otorga a los refugiados con la realidad cotidiana, la situación se vuelve intolerable, lo que nos obliga a reflexionar acerca de sus causas y sus posibles soluciones.
Los ciudadanos podemos hacer mucho, mucho más de lo que imaginamos: podemos pensar, podemos sensibilizar a otras personas para que reflexionen sobre este problema y cambiar la perspectiva desde la que acercarnos a este drama, podemos aportar propuestas y hacer pedagogía. Pero sobre todo podemos empezar desde ya a exigir a nuestros gobernantes de cualquier nivel que adopten las medidas necesarias para resolver esta situación.
Con carácter inmediato, debemos exigir la solución política urgente de los conflictos, al menos su tregua, y el incremento del apoyo humanitario. Pero para que la solución sea real y a largo plazo, lo que debemos exigir a nuestros gobernantes es:
En primer lugar, la solución definitiva y justa de los conflictos armados. Los conflictos son inherentes a la condición humana, y hasta es saludable que los diferentes intereses puedan confrontar, pues ello indica la existencia de una sociedad democrática; lo que es intolerable es permitir que esos conflictos degeneren en guerras porque ello equivale a aceptar el fracaso de una sociedad entera.
En segundo lugar, es imprescindible la construcción de procesos de paz y reconciliación tras los conflictos. Existe unanimidad en considerar que la construcción de procesos de paz y el reforzamiento institucional de los estados tras un conflicto es imprescindible para el avance hacia la construcción de sociedades democráticas que respeten los derechos humanos, procesos que deben contemplar las reparaciones y la potenciación de la Justicia Internacional.
Y por último, debemos exigir la adopción de políticas que propicien el desarrollo de los países de origen, pues solo eso hará posible que aquellas personas dejen atrás su desesperanza y encuentren una razón para seguir en su tierra. La mayor parte de los desplazados y refugiados proceden de países pobres, el desarrollo operará sin duda a favor de la solución de los conflictos y las guerras.
El desarrollo es un concepto mucho más amplio que el desarrollo económico o la ayuda económica; debemos hablar de desarrollo humano, que es el que permite la construcción de sociedades democráticas y respetuosas con los derechos humanos y que consigan erradicar la pobreza de oportunidades que hoy afecta a tantos millones de seres humanos, y todo ello enmarcado bajo una premisa esencial: el desarrollo no debe basarse sólo en la buena voluntad ni en concepciones morales o de solidaridad, el desarrollo es un auténtico derecho ya definido por la legislación internacional y como tal puede y debe ser exigido, y si se viola este derecho, su violación ha de tener consecuencias jurídicas.
Mediante estas acciones de desarrollo propiciaremos lo que Naciones Unidas denomina “desarrollo preventivo”; en el documento Un programa de paz, suscrito por el secretario general Kofi Annan (1991), la cuestión relativa a los derechos humanos aparece vinculada al origen de los conflictos, llegando a afirmarse que, para llegar a las fuentes de los conflictos y las guerras hay que analizar la multitud de causas que las han provocado y evitarlas mediante la consolidación del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como promover el desarrollo económico y social sostenible. Es preciso por tanto, incrementar la acción preventiva, y para ello es precisa una acción política global destinada a acabar con las injusticias sociales y la desigualdad, promover el desarrollo, la educación, la democratización y el fortalecimiento institucional, pues la permanencia de esas situaciones injustas constituyen el caldo de cultivo en el que se desarrollan los conflictos armados que han dado lugar a esta inmensa tragedia.
Es difícil, pero no imposible.