Los días 1 y 17 de marzo el Colegio de Abogados, a través de su Escuela de Práctica Jurídica, y con la colaboración de la Editorial jurídica SEPIN, celebró unas Jornadas dedicadas a la REFORMA DEL CÓDIGO PENAL dirigidas a sus colegiados y a los alumnos de la Escuela de Práctica Jurídica. Se contó con una gran asistencia, en torno a 170 personas, y tuvieron lugar en el Salón de Actos de Unicaja. Los ponentes fueron:

• D. Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que trató en su exposición cuestiones como la responsabilidad penal de las personas jurídicas; el nuevo marco de prescripción de los delitos; las nuevas facultades judiciales en materia de Extranjería y expulsión; la prisión provisional; la trata de seres humanos e inmigración clandestina; los delitos sexuales contra menores de trece años y los grupos criminales de carácter transitorio.
  
  
  
• D. Antonio del Moral García, fiscal del Tribunal Supremo, que analizó en su intervención temas como la nueva consideración penal de la captación de menores para espectáculos pornográficos; el cliente de prostitución con menores o personas que no pueden decidir por sí mismas; la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y cualquier forma de financiación del terrorismo; los delitos informáticos; el cohecho entre particulares; la estafa procesal; el fraude y falsificación de tarjetas y cheques; el acoso laboral e inmobiliario; los sobornos y fraudes en el deporte; el tráfico ilegal de órganos y el tráfico de drogas.
  
  
  
• D.ª María Jesús Alarcón Barcos, presidenta de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, que trató de las nuevas consecuencias jurídicas del delito: la privación de la patria potestad y localización permanente; medidas de seguridad: libertad vigilada; decomiso ampliado y ampliación de los trabajos en beneficio de la sociedad.
  
  
  
  
• D. Jesús Caballero Klink, fiscal jefe de Ciudad Real, que expuso cuestiones como la Propiedad intelectual (pequeños manteros); el especial endurecimiento de las penas en los delitos por corrupción, cohecho, delito fiscal, urbanístico y contra el medio ambiente; el auxilio de la Agencia Tributaria a los jueces para el cobro de multas e indemnizaciones por delitos contra la hacienda pública y la Seguridad Social; el tráfico de drogas: más facultades a los jueces para individualizar la pena; delitos contra la comunidad internacional (incorporando el reclutamiento de niños soldados, delitos sexuales en conflictos armados y especial protección de mujeres y niños); Régimen transitorio y revisión de condenas.