Entre los días 18 y 20 de mayo de 2011 se celebraron en Barcelona las XXX Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica de España, organizadas por el ICAB y el Consejo de la Abogacía Catalana, corriendo su inauguración a cargo del decano del Colegio de Barcelona D. Pedro Yufera, como anfitrión, y del decano del Colegio de Madrid, D. Antonio Hernández-Gil, en su condición de vicepresidente del CGAE y responsable de su Comisión de Formación.
Tras la bienvenida el día 18 a todos los congresistas en el patio de columnas de la sede colegial barcelonesa, el día 19 la jornada tuvo lugar en las instalaciones de la Escuela Judicial del CGPJ (Palacio de Vallvidrera) donde su director D. Pascual Ortuño expuso las líneas maestras de la formación de jueces y fiscales, atendiendo esencialmente a las directrices marcadas por el Convenio de Estocolmo. En dicha actividad formativa adquiere especial relevancia el acuerdo de colaboración suscrito entre el CGAE y el CGPJ en virtud del cual se llevan a cabo simulaciones judiciales, donde los alumnos de diversas EEPJ “compiten” litigando entre sí, actuando como juzgadores los alumnos de la Escuela Judicial. Desde dicha entidad se expuso el gran valor pedagógico de tales prácticas y la conveniencia una mayor participación de los abogados en las acciones formativas de los jueces, y de éstos últimos en la formación de los abogados.
D. Pascual Ortuño expuso también la constante inquietud del CGPJ por adoptar nuevas fórmulas de formación de los jueces que garanticen un mejor conocimiento del medio judicial (saber ser y saber estar) y una mejor interrelación con sus operadores jurídicos (fomentando, sobre todo, los valores de trato adecuado hacía la abogacía), haciendo participes a los presentes del análisis por el Consejo General del Poder Judicial sobre la posible incorporación a la judicatura y fiscalía del sistema de acceso previsto para abogados y procuradores, exigiendo a los aspirantes, además de la superación de la oposición, la realización de un máster en formación jurídica.
Tras dicha sesión informativa relativa a la interrelación formativa entre el órgano judicial y la Abogacía, se dio cuenta por el vicepresidente de nuestro Consejo de la situación a dicho momento del texto del Reglamento de desarrollo de la Ley de Acceso a las profesiones de abogado y procurador, cuya aprobación definitiva tendría lugar escasas fechas después, en concreto el 3 de junio del año en curso, y al que posteriormente se hará referencia.
Como colofón a dicha jornada tuvo lugar una mesa redonda en la que, analizados los retos de futuro de la formación judicial, se apuntaron algunas reflexiones como la potenciación del 4º turno como sistema idóneo de selección de jueces y fiscales; el análisis crítico del sistema establecido de acceso a la profesión: ¿oposición libre u otros métodos de acceso?; o la conveniencia de que jueces y fiscales compartan similar formación jurídica que los abogados y la obtengan igualmente a través de un máster universitario, de tal forma que puedan converger al ejercicio libre y poder operar como abogados en caso de no lograr el acceso a la carrera judicial.
En dicha mesa se analizaron también las experiencias piloto puestas en funcionamiento por distintas Universidades y Colegios de Abogados en orden al desarrollo conjunto de acciones formativas encaminadas a la formación de los abogados y dentro del marco de la Ley de Acceso. Así, la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) presentó los resultados de su “I Máster en Ejercicio de la Abogacía”, conveniado con seis de los colegios de abogados ubicados en la periferia de Barcelona, ofertado como título propio, no como título oficial o máster universitario, y gestionado por una comisión paritaria y varios coordinadores, en la que se integran en paridad numérica miembros del Colegio de Abogados y de la Universidad.
Por su parte, la Universidad Privada Pompeu Fabra también expuso como en previsión de la entrada en vigor de la Ley de Acceso organizó para el curso 2010-2011 un máster en ejercicio de la abogacía, igualmente como título propio, a fin de no quedar sometido a precio público y también por las dificultades estimadas de su homologación por la ANECA. Dentro del mismo, convenió las prácticas externas con el ICAB, a través de grandes despachos del área metropolitana de Barcelona. Los principales problemas detectados en esta experiencia radicaron, a criterio de la propia Universidad, en definir el programa formativo en función de las competencias que los alumnos de máster deben alcanzar para ejercer, de tal modo que al finalizar el curso surgió la conveniencia de plantear la impartición de máster especializados, toda vez que el 4º curso de grado ya orienta a los alumnos a la citada especialización.
En tercer lugar, la Universidad de Tarragona, con convenio suscrito con tres Colegios de Abogados de la provincia, abogó por hacer un análisis abierto de las múltiples posibilidades que podrían surgir en dichas fórmulas mixtas de formación en función de los diversos escenarios posibles: grandes despachos y varias universidades privadas, pequeños colegios muy próximos entre sí con varias universidades en su entorno, colegios uniprovinciales con campus universitario único, etc. Como experiencia propia, el responsable de formación del Colegio de Reus presentó el primer máster organizado junto a la universidad, al igual que el resto de los comentados, también como título propio y adoptando el modelo de prácticas de iniciación a la abogacía vigente en las Escuelas de Práctica Jurídica, de tal modo que el programa de formación impartido gozaba de la homologación necesaria para acceder a la prueba CAP. En cuanto a la gestión detallada del Máster, las prácticas internas tuvieron lugar durante el primer semestre del curso en sede universitaria, con ayudas al transporte para los alumnos que había de desplazarse desde sus colegios, y el segundo semestre en sede colegial, pasando a ser el profesorado el que quedaba sujeto a la necesaria movilidad geográfica entre las distintas sedes colegiales.
La Universidad de Gerona y el Colegio de Abogados de Figueras dirigieron sus esfuerzos en este curso pasado a sopesar la suficiencia del máster para la adecuada capacitación de los futuros abogados, así como a analizar si al cursar el máster el abogado accederá también al Turno de Oficio o, por el contrario, dichos turnos implicarán un plus de formación específica.
Finalmente, la Universidad de León y el Colegio de Abogados de dicha capital castellana, compartieron con los presentes su modelo formativo, creado a partir de la conformación de un Centro de Estudios Jurídicos que se ha integrado como parte de la Universidad, pero con el funcionamiento propio de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados.
El día 20, último de dichas jornadas, las Escuelas se dividieron en varios grupos, según su volumen medio de alumnos, a fin de crear talleres en los que analizar el futuro de dichas Escuelas, abogando todas ellas por canalizar la formación continua y especializada de los abogados, incluyendo en ésta última la de los turnos de oficio especializados. A tales fines, se determinó la conveniencia o no de la obligatoriedad de tal formación continua o especializada, el apoyo a la formación universitaria de grado en contenidos esenciales de la profesión como deontología, instrumentales, trasversales, etc., o la impartición de acciones formativas conjuntas con otros profesionales (ingenieros, arquitectos, economistas, etc.) en materias como responsabilidad civil, urbanismo, derecho concursal y otros.
Realizada la puesta en común de los diversos talleres, las principales conclusiones obtenidas fueron las siguientes:
- Pervivencia de las EEPJ, al persistir un claro sentimiento optimista de futuro.
- Rechazo inicial al posible fracaso del nuevo sistema formativo y la consiguiente necesidad de “re-masterización” de los alumnos.
- Toma en consideración de convenios con la UNED.
- Necesidad de instar aclaración inmediata sobre convalidación del máster para el acceso directo al Turno de Oficio.
- Conveniencia de la reforma urgente del Reglamento de Homologación de la PPIA y de las EEPJ.
- Utilización potencial del e-learning para optimizar la acción formativa.
- Conveniencia de alejarse de un modelo formativo que se limite a la superación del examen de estado, sin perder de vista el fin último del máster: lograr una formación de calidad para el adecuado ejercicio profesional de la abogacía.
- Preocupación esencial por la financiación de los másters, dado que su configuración como título oficial y, por tanto, su sometimiento a precio público dificulta su impartición bajo criterios de equilibrio presupuestario, impidiendo su desarrollo por las EEPJ y endeudando a las Universidades.
Como colofón a estas jornadas Jaime Torrent, responsable de la EPJ de Figueras, anunció la intención de crear un libro de jornadas de EEPJ, interesando de los presentes la aportación de cuantas fotografías, anécdotas y resto de información y documentación peculiar que sirviera para nutrir el citado recordatorio.
Emitidas las conclusiones pertinentes de estas XXX Jornadas de EEPJ por parte de Blas Jesús Imbroda, vicepresidente de la Comisión de Formación del CGAE, a los presentes no nos quedó sino felicitar a Málaga, como sede organizadora de las próximas Jornadas de 2012, anunciando Valencia su postulación para compartir tal honor en 2013.