Anualmente, el Observatorio hace público su informe en el que se incluyen datos económicos del gasto en este servicio por jurisdicciones, autonomías, etc. La parte más importante del mismo la constituyen las recomendaciones y sugerencias de cambio o mejora elaboradas por un Comité de Expertos independiente, en el que están integrados representantes de la Administración, de las diversas profesiones jurídicas y de los sectores sociales afectados. Estas recomendaciones se elevan al Ministerio de Justicia y a las Consejerías de Justicia de las comunidades autónomas.


Las 12 recomendaciones del Comité de Expertos del VI Observatorio son:

  1. Reivindicar la figura del Abogado de Oficio como fundamental en el Estado de Derecho, especialmente en una situación de crisis económica como la actual.
  2. Mantener vigente el modelo actual del servicio de justicia gratuita y adaptación, en su caso, a la realidad social, económica y legislativa del mismo.
  3. Ante la situación de crisis, presentar propuestas para evitar un abuso fraudulento por el beneficiario de Justicia Gratuita y conseguir una gestión más eficiente de los presupuestos.
  4. Impulsar el servicio de asistencia jurídica gratuita como servicio público. Determinar la responsabilidad de las diferentes Administraciones Públicas a la hora de elaborar y aprobar los presupuestos dedicados a justicia gratuita y de efectuar los oportunos libramientos.
  5. Necesidad de revisión, con carácter urgente, de los requisitos de acceso de los letrados a la prestación del servicio del turno de oficio, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Acceso.
  6. Fomentar la formación continua en las distintas especialidades del servicio.
  7. Garantizar el cobro de los honorarios del abogado de oficio, aun cuando no sea reconocido el derecho a la asistencia jurídica gratuita al solicitante.
  8. Elaborar un protocolo de actuación para los abogados que prestan el servicio en favor de las víctimas de Violencia de Género.
  9. Implantación del SOJ Penitenciario en todos los Centros Penitenciarios y preceptiva intervención de letrado ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria.
  10. Garantizar la asistencia jurídica de las personas extranjeras.
  11. Acceso real y efectivo de las personas con discapacidad a la justicia gratuita. Creación de nuevos servicios de orientación jurídica gratuita y creación de un turno especializado en materia de discapacidad.
  12. Fomentar la creación en los Colegios de Abogados de Servicios de Orientación de Ejecución Hipotecaria.