Por José Manuel Díaz Mora, director de la Escuela de Práctica Jurídica
del Colegio de Abogados de Ciudad Real.

Entre el 22 y el 24 de mayo de 2013 tuvo lugar en Valencia la celebración de las XXXII Jornadas de Escuelas de Práctica Jurídica, centradas esencialmente en cuatro asuntos de interés: las experiencias habidas con la Universidad en relación a la suscripción de convenios para la impartición de Máster en ejercicio de la Abogacía; la regulación de las prácticas externas en el nuevo Reglamento de Homologación de Escuelas de Práctica Jurídica; el acceso al Turno de Oficio tras la realización del Máster de la Abogacía y el futuro de las Escuelas de Práctica Jurídica en materia de formación inicial, continua y especializada.

Tras la oportuna recepción y bienvenida por el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, el Decano del Colegio de Valencia, Mariano Durán, en su condición de anfitrión, y los Decanos del Colegio de Barcelona y Madrid, como nuevos presidentes de la Comisión de Formación del Consejo, comenzaron las ponencias, abordándose, en primer lugar, la relativa a las experiencias vividas por las EEPJ en sus relaciones con la Universidad a la hora de suscribir convenios de colaboración y redactar memorias de Máster de acceso a la Abogacía. Juan Antonio Berdejo, director de la EPJ de Cantabria, y Cristóbal Ramo, viceDecano del Colegio de Zaragoza, pusieron en común las distintas vivencias de cada Colegio/Escuela en relación a la negociación con las Universidades de los futuros máster, atendiendo a diversos escenarios: financiación, designación de profesorado, entrada en vigor del Grado, y ello además en distintos marcos, según se trate de convenios ya suscritos desde hace tiempo, convenios con universidades públicas o privadas, etc. La principal preocupación de los colegios/escuelas ha sido afrontar con éxito la formación de los alumnos y poder asumir los costes de tal actividad formativa. Para analizar dichas experiencias, se realizó un muestreo y una encuesta recopilando los problemas vividos por cada colegio/escuela: pérdida de practicidad en la formación, encaje del profesorado universitario en dinámicas formativas preferentemente prácticas, gestión económica del Máster, etc. Cristóbal Ramo expuso la experiencia concreta del Colegio de Abogados de Zaragoza, donde existen dos Escuelas de Práctica Jurídica, una dependiente del Colegio y otra vinculada a la Universidad. Inicialmente, a la entrada en vigor de la Ley 34/2006, se firmó un convenio marco en virtud del cual se procede a integrar a varios profesores universitarios en el Colegio de Abogados, situación que generó reticencias mutuas y acabó con la denuncia del convenio. Sin embargo, tras la entrada en vigor del Reglamento de Ley de Acceso, se retomó la negociación en orden a suscribir un marco regulador y se comenzó a trabajar en la memoria del máster, donde afloraron los verdaderos problemas de aunar las dos instituciones formativas: experiencia práctica del profesorado universitario, obligatoriedad o no del inglés jurídico, contenido del programa formativo, precios públicos y sostenibilidad económica del máster, sede de imparticion del Máster, etc. Abierto debate sobre la cuestión se redunda en el difícil encaje en el profesorado de los profesionales no abogados así como en la pérdida de espíritu práctico de los másters que ya funcionan a nivel experimental. En la misma línea, Álava expuso su experiencia particular, ya que este Colegio impartirá el máster en gestión directa sin participación de la Universidad, más allá de la conformidad al programa académico del máster.

Tras dicha charla tuvo lugar la segunda ponencia, dedicada a la regulación de las prácticas externas y su incorporación al nuevo Reglamento de Homologación de EEPJ, impartida por la directora de la EPJ de Badajoz, Maria Eugenia Parra, el responsable de Formación del Colegio de Abogados de Barcelona, Enrique García y quien suscribe, José Manuel Díaz, donde se trataron cuestiones relativas a la definición de prácticas jurídicas, contenido de las mismas, métodos de selección de las prácticas en función de parámetros varios (necesidad del alumno, posibilidades de la EPJ), criterios de convalidación con experiencia académica y profesional acreditada previamente, la posible movilidad de alumnos entre másters, los lugares de realización de las prácticas y otros aspectos como la memoria explicativa de tales prácticas, su sistema de evaluación, los requisitos, obligaciones y deberes de los tutores, etc. Se apuntaron opciones varias en orden al desarrollo de las prácticas como la creación de bolsas de trabajo en despachos y empresas, y se cuestionaron temas relativos a la conveniencia o no de retribuir a los tutores, de abrir nuevos servicios colegiales orientados a la formación que no suministre el Máster o de afrontar los retos de futuro sobre ejercicio profesional (supresión de Colegios, eliminación del examen de Estado, diversidad formativa en función de una actividad de mero asesoramiento legal o de litigación en tribunales, etc.).

Ya en sesión vespertina, se presentó la tercera ponencia en la que se sometía a debate el acceso al Turno de Oficio tras la entrada en funcionamiento de los nuevos Máster de la Abogacía. Desde Málaga, su Decano y ponente como presidente de la Comisión del Turno de Oficio del CGAE, Francisco Javier Lara, transmite la conveniencia de la supresión de los actuales requisitos de acceso al Turno de Oficio, en el sentido de que cursado el Máster y acreditada supuestamente la experiencia necesaria para el acceso a la profesión no se impongan más exigencias formativas específicas para acceso al turno generalista. Por Mercedes Cabrera, responsable de la EPJ del Colegio de Albacete, se plantea la conveniencia de analizar en profundidad si el Máster aportará con rigor y suficiencia la formación necesaria para nutrir los turnos de oficio, dentro de la diversidad existente en los futuros abogados (licenciados que cursaron prácticas de iniciación a la abogacía, licenciados exentos de Máster o Grados en Derecho con Máster). Finalmente, la diputada del Colegio de Valencia, Ángela García, expuso que el actual marco regulador del acceso al Turno de Oficio no parece incompatible con la legislación vigente en materia de acceso, pues el Turno de Oficio necesita de un plus formativo que el Máster no siempre garantiza.

Abierto debate sobre esta cuestión, se marcan claramente dos posturas a favor o en contra de la exigencia de un plus formativo para el acceso al Turno de Oficio. Se plantean interrogantes en orden a la acreditación de los tres años de ejercicio, pues no se controla el efectivo ejercicio de la actividad profesional; a la necesidad de fijar un régimen transitorio para los licenciados que no cursarán Máster; a la conveniencia de exigir una formación continuada para mantenerse adscrito al turno, etc.

Se cierran las jornadas con la última ponencia dedicada a analizar el futuro inmediato de las EPJ en materia de formación inicial, continuada y especializada.

Interviene, en primer lugar, Juan Añon, director de la EPJ del Colegio de Valencia, a fin de trasladar la necesidad de seguir formándonos como abogados, de redundar en la apuesta por la formación continuada y especializada y dar cobertura a las exigencias formativas de anteriores y nuevos abogados. A continuación toma la palabra Aiztol Asla, director de la EPJ del Colegio de Abogados de Vizcaya, para compartir la experiencia formativa de Bilbao, en la que persiste la impartición de actividad formativa de acceso a turnos y para permanencia en éstos, con formación jurídica especializada y en materias trasversales interesantes y necesarias para el ejercicio profesional. En este escenario nuevo, la EPJ podrá compartir la participación en el Máster con su propia actividad formativa o centrarse solo en la gestión de prácticas externas del Máster, atendiendo a su capacidad formativa y a las necesidades demandadas por los alumnos. Se expone la conveniencia de apostar por la formación online, dada su flexibilidad geográfica y temporal que permite, además, lograr una dimensión formativa internacional, en la que es conveniente que los abogados vayan adentrándose. Se plantea también la subsistencia de los Colegios, en su dimensión formativa, si la profesión finalmente se liberaliza, en cuyo caso los colegios o entidades que los sustituyan deberán adecuarse a la estructura formativa demandada que, probablemente obligue a profesionalizar la formación, colaborando con la Universidad y logrando fuentes de financiación para costear tal formación de calidad.

Este marco quizás conlleve reducir el número de colegios que ofrecen formación ante la imposibilidad de autofinanciación para ofertar una formación de calidad y accesible, escenario que habrá que asumir con naturalidad en pos del fin último de una formación de calidad. Se insistió, igualmente, en la necesidad de potenciar los proyectos formativos conjuntos con colegios europeos y otras entidades supranacionales. Cerró esta ponencia Carles Mac-Cragh, Decano del Colegio de Girona, para exponer la necesidad de diseñar un nuevo espacio formativo, en el que podrán y deberán intervenir las escuelas, orientando su actuar, esencialmente, a la formación continua y especializada. Se introduce el debate en orden a si los colegios pueden regular la especialización y si así fuere, la oportunidad de determinar reglamentariamente los requisitos de acceso a tales especialidades. La experiencia desarrollada ya en Cataluña sobre este aspecto parte, no obstante, de no considerar tal formación especializada como habilitante, de tal modo que no vetará el ejercicio en ningún orden jurisdiccional, pero si supondrá un plus de prestigio o referencia colegial en determinados ámbitos jurídicos. Se resalta así la posibilidad de referenciar al cliente un listado de profesionales expertos en ciertas materias, si bien teniendo claro que no bastará el mero ejercicio no fiscalizado en una rama del Derecho, ni solamente haber realizado actividad docente, sino un compendio de requisitos varios multidisciplinares que habrá tanto que acreditar como mantener en el tiempo.

Abierto turno de debate, el responsable de formación del Colegio de Cartagena apela a la inoportunidad de la noticia sobre desaparición de los colegios y a la conveniencia, si se redujera el número de éstos, de establecer formulas de cooperación intercolegiales que garanticen proximidad en el acceso a la formación. Xavier Felip, director de la EPJ de Sabadell, sugiere avanzar en fórmulas de colaboración o cooperación que garanticen el fin último formativo que han venido desarrollando las EPJ, aunque ello suponga variar la actual estructura formativa colegial. No es oportuno mantener las EPJ por pura nostalgia, si no se ajustan a la actual demanda formativa de los nuevos tiempos.

Tras las ponencias, se hace presentación y entrega por la Mutualidad de la Abogacía de los premios de la primera edición de Premios Cátedra a la Excelencia, con los que se recompensa a los alumnos de las EPJ que han desarrollado un trabajo de estudio de rigor jurídico y especial relevancia, resultando premiados, entre otros, alumnos de Sabadell, Álava o Valencia, con trabajos varios dedicados al blanqueo de capitales y el secreto profesional, la deontología profesional, la compraventa de empresas en concurso, etc.

Entregados, entre los 27 trabajos presentados, los premios antedichos, tiene lugar la foto institucional y la clausura de las jornadas, designándose como sede para el próximo encuentro Granollers.

Queda en la retina de todos la estupenda impresión de los días vividos en Valencia y el reto de seguir afrontando la ilusionante tarea de contribuir a la adecuada formación propia y de los compañeros que están por llegar.