Según estadísticas de la ONU, en el mundo es asesinada una mujer cada diez minutos.

El Colegio de Abogados de Ciudad Real se opone a todas las formas de violencia contra la mujer, y este 25 de noviembre quiere conmemorar el Día Internacional de la eliminación de esa violencia que viene a ser no solo una trágica manifestación de la desigualdad, sino también una flagrante violación de los derechos humanos.

El 25 de noviembre de 1960 se perpetraba el terrible asesinato de tres hermanas activistas a manos de la policía de la República Dominicana.

Fue la resolución 54/134, de 17 de diciembre de 1999, de la Asamblea General de la ONU —posteriormente ratificada y aprobada por otros sesenta gobiernos—, la que fijó esa fecha, considerándola como una valiosa oportunidad de reflexión sobre el daño que causa la violencia contra la mujer y la necesidad de erradicarla.

Uniéndose a la comunidad internacional, el Colegio de Abogados reivindica el papel fundamental de la abogacía en la dignificación de la mujer y en el restablecimiento del respeto a sus derechos, entendiendo que son sus profesionales los llamados a prevenir y a evitar un daño que no solo tiene gravísimas repercusiones en la salud física y mental de las víctimas, sino que destruye también el tejido de toda la sociedad en su conjunto.

A lo largo de la historia, la violencia contra las mujeres ha sido el crimen más silenciado del mundo y ahora, cuando algunos países contemplan mudos la retrocesión de sus derechos, resulta más necesario que nunca acabar con esa violencia específica que se produce contra ellas por el mero hecho de ser mujeres.

Nadie mejor que un abogado conoce las legislaciones que previenen las violencias de todo tipo que se ejercen contra las mujeres: física, económica, sexual, psicológica, etc., destacando entre ellas la trata de seres humanos, el matrimonio infantil y la mutilación femenina.

Por suerte, tanto a nivel nacional como internacional, existen normas suficientes para asegurar que las victimas puedan recibir una eficaz ayuda de profesionales de la Justicia, que no solo les proporcionarán una información suficiente sobre sus derechos civiles, penales, laborables y familiares, sino que les darán las pautas necesarias para erradicar esa violencia que, materializada en costumbres y tradiciones dañinas —muchas veces encubiertas–, constituyen intolerables ataques contra la libertad y la plena capacidad de la mujer.

La independencia económica, la igualdad de retribuciones por el mismo puesto de trabajo y la representación de las mujeres en puestos de responsabilidad son objetivos a conseguir, y serán las garantías de una vida mejor para todos.

Aunque es una misión universal, el ejercicio de la profesión nos invita una vez más a reafirmar nuestro compromiso con la sociedad en la elección y construcción de un futuro mejor, donde la igualdad y el respeto prevalezcan sobre la brutalidad, la discriminación y la violencia.