La Realidad
Pero, ¿qué hace la comunidad internacional? Hace poco y mal, tanto a escala global, como nacional y, en nuestro ámbito la Unión Europea:
Se permite la proliferación de los conflictos que originan este inmenso número de personas refugiadas. Hoy, la mayor parte de las víctimas de las guerras son civiles, hasta el 90% de ellas. Muchos expertos han denunciado la vinculación entre pobreza, desigualdad y conflicto, señalando a la violencia estructural que deriva de estructuras sociales económicas y políticas injustas como causa originaria de los conflictos; yo me inclino a pensar que más que causas, esas situaciones son el marco y el escenario en el que se desarrollan los conflictos, marco en el que las disputas por los recursos y las reivindicaciones territoriales y la lucha por el poder es aprovechada por grupos o clases que provocan situaciones de extrema conflictividad social, instrumentalizando la pugna ideológico-política, la intolerancia religiosa, el odio racial o étnico y el nacionalismo extremo, como causas que estimulan la reproducción de la violencia.
Lo que es claro es que asistimos hoy a una proliferación intolerable de conflictos armados. Y además, es preciso denunciar la debilidad del sistema internacional de seguridad, del que es depositario las Naciones Unidas: el sistema se creó para garantizar la paz y la seguridad internacionales concebidas solo en base a la integridad territorial de los estados con la soberanía como principio supremo, pero este sistema no está concebido ni dotado para la prevención de conflictos ni para la intervención en los de carácter interno, que son hoy la mayoría.
Se desobedecen por los estados las normas del Derecho internacional de los derechos humanos, del Derecho internacional humanitario y del específico de los refugiados y desplazados. Esto no sólo ocurre en Europa, ocurre en todos los extremos del mundo desde Australia a Kenia, países desarrollados o países pobres, en los países de los Balcanes y en definitiva, en todos los continentes.
Se permite a algunos países mantenerse al margen del problema. Los países del Consejo de Cooperación del Golfo, seis países de entre los más ricos del mundo y entre ellos la opulenta Arabia Saudí, no han recibido ni un solo refugiado sirio, limitándose a aportar fondos a la ONU a pesar de compartir lengua, cultura y religión con los refugiados, y además, alguno de ellos están en el origen de la crisis siria, financiando a los diferentes grupos en conflicto, incluyendo a los terroristas de Al Qaeda y el Estado Islámico. Ninguno de estos países ha firmado la Convención para los Refugiados de 1951, dada su peculiar concepción de la ciudadanía estrictamente limitada a la pequeña fracción nativa de su población.
Se actúa con mezquindad y sin generosidad alguna: es lamentable la actitud de los países que componemos la Unión Europea batallando por disminuir el número de refugiados a acoger que, en el mejor de los casos, va a ser muy inferior a las necesidades reales. Insuficiencia en el número de personas asignadas a cada país que después, además, se incumple en la práctica: de las 160.000 personas comprometidas por la UE en 2015 se han acogido sólo a la cuarta parte, España sólo al 12% y países como Hungría y Polonia no han acogido a una sola persona.
Debemos exigir la adopción de políticas que propicien el desarrollo de los países de origen, pues solo eso hará posible que aquellas personas dejen atrás su desesperanza y encuentren una razón para seguir en su tierra
Europa aporta al conjunto de toda África - más de 1.100 millones de habitantes-, 1.800 millones de euros para apoyar las políticas para frenar la inmigración, pero eso sí, aporta a Turquía 7.000 millones de euros a cambio de que retenga allí a los millones de refugiados de Oriente Medio y no permita que accedan a los países de nuestra vieja Europa; y por si no quedara claro el descaro, les aporta además un premio a los turcos, pues a cambio de frenar a unos, accede a facilitarle a los nacionales turcos los visados para entrar en Europa, legitimando al tiempo al régimen autoritario de Erdogan. Valga como botón de muestra: España gasta treinta y dos veces más en control de fronteras que en ayudas directas a los refugiados.
Se adoptan políticas restrictivas: se sellan las fronteras europeas para impedir la llegada de las personas, se externaliza la gestión y el control de fronteras a países terceros limítrofes (Marruecos, Turquía y Macedonia) y se legisla de modo que se desincentive a los refugiados intentar llegar a Europa, como lo demuestran los acuerdos de Dublín, según los cuales los refugiados han de pedir obligatoriamente el asilo en el primer país que pisan, desplazando así el problema básicamente a Grecia, Hungría e Italia, lejos del confortable centro.
Ante esta situación, y el intolerable número de muertos en el Mediterráneo, 2.400 en lo que va de año y 25.000 en los últimos quince años, se buscan chivos expiatorios, las mafias, cuando es el propio sistema de fortalecimiento de fronteras europeas lo que está obligando a los refugiados a recurrir a las mafias poniendo su vida en grave peligro. Se ha declarado la guerra al tráfico de personas, ignorando que no son las redes de contrabando las que provocan las migraciones, sino que estas se limitan a responder a una demanda existente, por muy criminal y abyecta que sea su actividad.
Por tanto, si comparamos los derechos que la legislación internacional otorga a los refugiados con la realidad cotidiana, la situación se vuelve intolerable, lo que nos obliga a reflexionar acerca de sus causas y sus posibles soluciones.
Los ciudadanos podemos hacer mucho, mucho más de lo que imaginamos: podemos pensar, podemos sensibilizar a otras personas para que reflexionen sobre este problema y cambiar la perspectiva desde la que acercarnos a este drama, podemos aportar propuestas y hacer pedagogía. Pero sobre todo podemos empezar desde ya a exigir a nuestros gobernantes de cualquier nivel que adopten las medidas necesarias para resolver esta situación.
Con carácter inmediato, debemos exigir la solución política urgente de los conflictos, al menos su tregua, y el incremento del apoyo humanitario. Pero para que la solución sea real y a largo plazo, lo que debemos exigir a nuestros gobernantes es:
En primer lugar, la solución definitiva y justa de los conflictos armados. Los conflictos son inherentes a la condición humana, y hasta es saludable que los diferentes intereses puedan confrontar, pues ello indica la existencia de una sociedad democrática; lo que es intolerable es permitir que esos conflictos degeneren en guerras porque ello equivale a aceptar el fracaso de una sociedad entera.
En segundo lugar, es imprescindible la construcción de procesos de paz y reconciliación tras los conflictos. Existe unanimidad en considerar que la construcción de procesos de paz y el reforzamiento institucional de los estados tras un conflicto es imprescindible para el avance hacia la construcción de sociedades democráticas que respeten los derechos humanos, procesos que deben contemplar las reparaciones y la potenciación de la Justicia Internacional.
Y por último, debemos exigir la adopción de políticas que propicien el desarrollo de los países de origen, pues solo eso hará posible que aquellas personas dejen atrás su desesperanza y encuentren una razón para seguir en su tierra. La mayor parte de los desplazados y refugiados proceden de países pobres, el desarrollo operará sin duda a favor de la solución de los conflictos y las guerras.
El desarrollo es un concepto mucho más amplio que el desarrollo económico o la ayuda económica; debemos hablar de desarrollo humano, que es el que permite la construcción de sociedades democráticas y respetuosas con los derechos humanos y que consigan erradicar la pobreza de oportunidades que hoy afecta a tantos millones de seres humanos, y todo ello enmarcado bajo una premisa esencial: el desarrollo no debe basarse sólo en la buena voluntad ni en concepciones morales o de solidaridad, el desarrollo es un auténtico derecho ya definido por la legislación internacional y como tal puede y debe ser exigido, y si se viola este derecho, su violación ha de tener consecuencias jurídicas.
Mediante estas acciones de desarrollo propiciaremos lo que Naciones Unidas denomina “desarrollo preventivo”; en el documento Un programa de paz, suscrito por el secretario general Kofi Annan (1991), la cuestión relativa a los derechos humanos aparece vinculada al origen de los conflictos, llegando a afirmarse que, para llegar a las fuentes de los conflictos y las guerras hay que analizar la multitud de causas que las han provocado y evitarlas mediante la consolidación del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, así como promover el desarrollo económico y social sostenible. Es preciso por tanto, incrementar la acción preventiva, y para ello es precisa una acción política global destinada a acabar con las injusticias sociales y la desigualdad, promover el desarrollo, la educación, la democratización y el fortalecimiento institucional, pues la permanencia de esas situaciones injustas constituyen el caldo de cultivo en el que se desarrollan los conflictos armados que han dado lugar a esta inmensa tragedia.
Es difícil, pero no imposible.