• Necesidad de cumplimiento del Real Decreto 1065/2015 en cuanto al punto 5 y 8 del anexo IV: exigencia de que el escrito o documento principal del envío y los documentos que se adjunten a los mismos deben ser presentados en el formato PDF/A con la característica OCR (reconocimiento óptico de caracteres).
• Las distintas versiones de Lexnet Escritorio.
• Necesidad de consignar el CIF de las personas jurídicas demandadas para poder notificar correctamente a dichas partes a través de su Dirección Electrónica Habilitada, al venir esta DEH vinculada a su CIF.

• Obligación de que los letrados intervinientes en el orden social remitan al Juzgado en los tres días siguientes a la presentación de sus demandas, tantas copias literales en papel de la demanda y los documentos que la acompañan cuantas sean las otras partes para su envío al resto de litigantes personas físicas y jurídicas.
• Necesidad de que en el orden social la prueba documental que ha de ser presentada (en CD o pendrive) o remitida (vía Lexnet) al Juzgado para su incorporación al expediente digital, será aquella que haya sido presentada en formato papel en la vista oral y admitida expresamente por el órgano judicial, debiendo depositarla o remitirla al Juzgado en el plazo máximo de las 48 horas siguientes a la celebración de la vista oral en la que tal prueba fue objeto de admisión.

En el mes de enero entró en funcionamiento un nuevo servicio accesible a través la firma electrónica ACA: la plataforma para la gestión telemática de las reclamaciones de daños personales derivados de accidentes de circulación. Plataforma que es fruto del convenio firmado el 3 de mayo de 2017 entre el Consejo General de la Abogacía Española, la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) y TIREA, su empresa desarrolladora de soluciones tecnológicas.

El objetivo de esta plataforma es ofrecer una solución técnica que permita a los abogados, desde su despacho y previamente identificados con su certificado de firma electrónica ACA, trabajar en un entorno seguro de comunicaciones con las aseguradoras a la hora de presentar a estas últimas, en nombre de sus clientes, las reclamaciones correspondientes, garantizando la identidad de los abogados, la integridad de los documentos y la seguridad de la comunicación entre el abogado y la aseguradora, y agilizando sustancialmente los tiempos de tramitación. La plataforma constituye una garantía de la emisión y recepción de todas las comunicaciones, expidiendo de forma automática los correspondientes acuses de recibo y certificados firmados digitalmente, tanto de la reclamación formulada con todos y cada uno de los documentos aportados, como de la recepción de las comunicaciones emitidas por las entidades aseguradoras.

La Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, modifica el Texto Refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el RD Legislativo 8/2004 de 29 de octubre, estableciendo en su artículo 7.1 la obligación, con carácter previo a la interposición de la demanda judicial, de comunicar el siniestro al asegurador, pidiendo la indemnización que corresponda. Con el desarrollo de esta plataforma, el abogado dará cumplimiento a la obligación establecida en la Ley 35/2015, al tiempo que atenderá a las previsiones del nuevo Reglamento de protección de datos de la Unión Europea, ya que la plataforma está adaptada a los requerimientos de seguridad exigidos por esta norma y, por supuesto, dará cumplimiento al deber de secreto profesional que constituye una garantía para nuestra profesión. Como recoge el convenio, el uso de esta plataforma es voluntario para el abogado. El servicio tendrá un coste para el abogado que utilice la aplicación y, por otra parte, para la aseguradora. El coste para el abogado es de 1€ por trámite que realice y 3€ por certificado (certificado para aportar en juicio), cantidades que incluyen el IVA. Se podrá consultar a través de la plataforma el estado y situación de las facturas que el servicio vaya emitiendo al letrado por la utilización de este.