El Colegio de Abogados de Ciudad Real denuncia públicamente la privatización efectuada por el Instituto de la Mujer de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha de la asistencia jurídica a víctimas de agresiones sexuales mediante un decreto que concede una subvención directa de 229.000 € a una asociación privada para prestar un servicio jurídico que ya se presta por los Colegios de Abogados.

Únicamente los Colegios de Abogados tienen competencias en materia de justicia gratuita, de conformidad a la Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, estando ya cubierta íntegramente la asistencia jurídica para las víctimas de agresiones sexuales por el Turno de Oficio, para aquellas víctimas de agresiones sexuales sin medios económicos suficientes, y por el Convenio existente entre el Instituto de la Mujer y el Consejo de la Abogacía de Castilla-La Mancha -dotado con 20.000€- para el desarrollo del programa de asistencia jurídica-procesal a mujeres víctimas de violencia de género en Castilla-La Mancha, que incluye la cobertura, cuando no tuvieran derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita por disponer de medios económicos suficientes, a las mujeres víctimas de violencia sexual, en los supuestos de mujeres víctimas de delitos contra la libertad sexual, acoso sexual y acoso por razón de sexo; y a mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, prostitución o comercio sexual.

Dicho servicio es prestado de forma ejemplar 24 h al día y 365 días al año por los Abogados y Abogadas del Turno de Oficio, que han recibido una formación especializada -de más de un año de duración-, y han superado las pruebas orales y escritas que dan acceso a dicho turno, y que cuentan con una experiencia mínima de tres años de ejercicio.

Por lo expuesto, el Colegio de Abogados de Ciudad Real quiere denunciar que se privatiza y se crea un servicio jurídico paralelo al servicio de asistencia jurídica gratuita que es prestado por los Colegios de Abogados de Castilla-La Mancha, y que compete en exclusiva a los mismos, de conformidad a la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita.